El cese de la Sra. Anna Finocchiaro como ministra del gobierno italiano ha planteado una cuestión nada baladí, cual es la neutralidad ideológica de la carrera judicial. Con ocasión de su cese, la Sra. Finocchiaro ha reconocido su dificultad después de treinta y un años ininterrumpidos de actividad política de reingresar en la carrera judicial y ejercer su función con neutralidad e independencia.
Este debate, que en Italia se ha originado en la opinión pública, no es distinto al que puede (y debe) plantearse en España, donde jueces y magistrados ocupan puestos de responsabilidad política (los ministros del Interior de los dos últimos gobiernos de la nación son magistrados), o bien desempeñan actividad parlamentaria en las Cortes Generales o en asambleas autonómicas.
Lo cierto es que los jueces no se habían dejado seducir por la política de manera tan significativa hasta fechas recientes. En los primeros cuarenta años de Constitución española lo más cerca que había estado la política de la judicatura era en los nombramientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y el asociacionismo de los miembros de la carrera judicial y fiscal, asuntos que han generado abundante literatura jurídica. . . . .
